Gobierno no Entrega Recursos en Favor de la Niñez

El gobierno dominicano en todas sus épocas se ha manifestado en pos de otorgar a los niños, niñas y adolescentes del país calidad de vida y desarrollo digno, en ese sentido el gobierno ha dado su apoyo a organismos internacionales que trabajan por la protección de estos niños a nivel mundial como El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La Convención sobre los derechos del niño ratificada por este país en 1991 en su artículo 19 señala es obligación de los Estados partes adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación.

Los países signatarios de esta Convención se comprometieron a respetar los siguientes derechos: No discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo, derecho a opinar libremente, entre otros.

También se comprometieron a realizar reformas jurídicas que garanticen el acceso a la justicia respetando las garantías constitucionales, además de diseñar y aplicar mecanismos de exigibilidad de los derechos.

Obviamente, para llevar a cabo estos acápites es menester designar fondos que sustenten un plan minucioso, inquebrantable y constante que evolucione conforme se vayan afianzando las bases para así garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes dominicanos.

Se hace imperioso que además de las ideas, las gestiones y la intención se pase a la acción y a la concretización de esas promesas que aún hoy en un nuevo milenio continúan pendientes de forma aérea y con cierto dejo de insensibilidad.

 Se define como trabajadores infantiles a las personas menores de 12 años que realizan actividades remuneradas, a los de 12 a 14 que realizan trabajos más que livianos y a todos los niños y niñas sometidos a las peores formas de trabajo infantil, por medio de las cuales se les esclaviza, se les recluta a la fuerza, se les prostituye, se les somete a la trata, se les obliga a cometer actividades ilegales o se les pone en peligro. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en América Latina laboran más de 20 millones de niños y niñas en edades entre los 5 y 15 años.

Todavía el pueblo dominicano protesta porque se le otorgue un 4 % del Producto Interno Bruto a educación, reza para que el desayuno escolar no malogre a más niños y espera el milagro de poder sustentar la familia con el mísero sueldo que reciben cada mes mientras les llega el monto de los libros y útiles escolares que cambian con el año.

Las autoridades ven impertérritas cómo avanza la delincuencia entre niños de 10 a 16 años, embarazos en niñas entre 13 y 18 años, analfabetismo en población mayor a los 20 años, trabajos complicados entre niños de 5 a 15 años; mientras, las autoridades se concentran en aumentar impuestos, aprobar proyectos de Reforma Fiscal, explotar el ingreso por hidrocarburos y dilapidar las arcas públicas en campañas políticas millonarias y viajes constantes hacia el extranjero sin su posterior recuperación.

Sin embargo, en el mismo momento en que la parte baja de la sociedad lucha contra la discriminación, el clientelismo, la burocracia, el favoritismo, los impuestos, la impunidad, corrupción en todos los sistemas gubernamentales y de justicia; la parte alta de la misma sociedad aboga por su bienestar exclusivo y personal.

Exorbitantes ingresos de Diputados por aproximadamente RD$350,000.00 mensuales, el bache de no presentar la declaración jurada de bienes y la rendición de cuentas impuestas por Ley, los fondos del ¨barrilito¨ (desde RD$420,000.00 hasta RD$900,000.00 según la Provincia) destinados supuestamente a obras de bien social, aprobación de fondos para la segunda línea del Metro en la ciudad capital, son unos cuantos ¨detalles gubernamentales¨ que toman prioridad por encima de nuestro relevo humano que en un futuro nos representará como Nación.

Y a todo esto, mientras muchas instituciones manejan millones de pesos algunas otras sin fines de lucro que hacen un excelente trabajo en favor de la niñez dominicana, se sustentan como pueden y hacen malabares para seguir con su labor pese a las precariedades; esos héroes anónimos albergan silenciosamente la esperanza de ser bendecidos alguna vez con algún porcentaje de ese que el Ayuntamiento de su Municipio debería repartir por Ley para ayudar a la causa.

Según el artículo 449 de la Ley 136-03 para el sistema de protección y derechos fundamentales de la niñez, establece que todos los ayuntamientos a nivel nacional dispondrán de una asignación presupuestaria mínima del 5% del total de los recursos ordinarios anuales que perciban a la ejecución de programas y acciones a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia de su Municipio.

En el conversatorio ¨Los Derechos de la Niñez: Desafío Para el Periodismo¨ organizado por UNICEF, Plan Por la Niñez y Visión Mundial en República Dominicana puntualizaron que ¨Erradicar el trabajo infantil se ha convertido en una utopía social; lejos de aminorar el número, en los últimos años se han implementado nuevas maneras de explotación, vejación y sometimiento de niños y niñas¨.

Según datos de la página oficial del Ayuntamiento de Santiago, esta institución maneja anualmente un presupuesto general de RD$1,441,757.562.55 de los cuales sólo RD$5,231,443.00 debe ser compartido entre: Bienestar Social, Salud y Género lo que equivale a un (0.36%)

No importa la hora o el día, la provincia o la ciudad, en todo el territorio nacional se ven incumplidas las promesas gubernamentales de otorgar a los más pequeños, recursos que le permitan educación básica, alimentación adecuada, seguridad física y psicológica, integración social, pero por sobre todo el derecho de sonreír y jugar con libertad sin el peso de alguna responsabilidad que corresponda a los adultos.

Entonces, entre ser o no ser, es la niñez dominicana un crimen o un castigo?

Por Odenisse Peralta.-